Egunkaria, el diario de los vascoparlantes o Euskaldunon Egunkaria como se leía en su cabecera, fue clausurado el 20 de febrero de 2003. Alegando presunta integración en el entramado de la banda terrorista ETA, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó su cierre cautelar. Una clausura temporal, de seis meses, que dura hasta hoy por las sucesivas prórrogas de la orden. Tras cinco años de periplo judicial y rechazada la petición del fiscal de archivar el caso, los 12 imputados de la causa esperan juicio. Presumiblemente, en los próximos meses, de acuerdo al pronóstico de los imputados.
Concluida la fase de instrucción en 2006, el fiscal Miguel Ángel Carballo anunció en diciembre de ese año que no veía delitos ni presentaba cargos contra los imputados. En cambio, sí apreció fraude fiscal. Por esa segregación, la causa se articula en dos sumarios. El de cierre, con siete imputados, y el económico, con cinco acusados. El primero, donde el fiscal no apreció pruebas de cargo, carece de acusación privada. “Esto es así porque, pese a que se trata de un proceso por terrorismo, no existen víctimas”, explica Martxelo Otamendi, director del diario clausurado. En el segundo, de procedimiento abreviado o económico, el fiscal imputa a los directivos y trabajadores de la administración de Egunkaria por haber defraudado al fisco en los trámites del IVA y por presentar cuentas falsas para justificar subvenciones. Sin embargo, por el carácter local de este delito, Miguel Ángel Carballo entiende que debe ser juzgado en la jurisdicción natural del País Vasco. Y no en la Audiencia Nacional, como estimó el juez.
Pese a que fiscalía y defensa pidieron el archivo de la causa, el instructor decidió seguir adelante con el proceso. Los imputados se enfrentan a condenas que suman 238 años de cárcel y a multas de 234 millones de euros. La petición de penas está formulada por la acusación popular que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la organización Dignidad y Justicia en el sumario de cierre, y Dignidad y Justicia en el procedimiento abreviado económico.
Precedentes
Egunkaria es el segundo periódico clausurado en periodo democrático en España, tras el cierre de Egin –diario vasco de ideología abertzale- por realizar labores de difusión y de comunicación interna de ETA, en 1998. También fue clausurada la revista de investigación Ardi Beltza, por los mismos motivos. En declaraciones a RSF, Martxelo Otamendi, director de Egunkaria cuando fue clausurado, considera la medida del juez Juan del Olmo como “un grave atentado a la libertad de expresión”. Asimismo, recuerda que el cierre de un medio de comunicación es “un acto extremadamente grave, sólo aplicable en situaciones totalmente excepcionales”.
A su favor, un grupo de juristas internacionales concluyó en un informe presentado a finales del pasado año que el cierre de diario Egunkaria no tiene cobertura constitucional porque no cabe aplicar el artículo 129.2 del Código Penal, que prevé la suspensión motiva de una compañía, a empresas periodísticas. “La Constitución española sólo habilita la suspensión del derecho a la libertad de información a estados de excepción o de sitio y no en los casos de terrorismo”, sostienen los expertos. Los juristas consideran que la medida viola los artículos 10 y 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “por su carácter desproporcionado”, ya que entienden que existen “otras medidas menos gravosas”.
Libertad de prensa
Tras el cierre de Egunkaria, el 20 de febrero de 2003, y como resultado de una amplia suscripción popular (más de 24.000 accionistas compraron acciones del nuevo diario por un valor total de 4,8 millones de euros), en junio de 2003 se creó otro diario en lengua vasca con el nombre de Berria (20.000 ejemplares), dirigido por Martxelo Otamendi.
Desde su fundación, el director de Berria ha emprendido una cruzada para recabar apoyos en contra del proceso contra Egunkaria. Entre los incondicionales, se cuentan la Asociación Europea de Diarios en Lenguas Minoritarias y Regionales (Midas), Pen Internacional, Article 19, directores de medios de comunicación vascos y catalanes, los Gobiernos catalán y vasco…
Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló desde el inicio del proceso la gravedad de la decisión judicial, porque en materia de libertad de expresión defiende que un medio no puede delinquir, ya que las responsabilidades por vulnerar derechos de terceros deben imputarse a personas.
Posterioremente, RSF ha llamado la atención de jueces y fiscales sobre los daños irreversibles que ocasiona prolongar la suspensión para Egunkaria, así como el quebranto que supone para la democracia limitar uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión a través de su principal soporte, la libertad de prensa.
El Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) también se suma a las muestras de solidaridad con los trabajadores del extinto diario y recuerda que se trató de “la clausura de un medio de comunicación sin sentencia judicial que lo amparase”, lo que supuso “un grave atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía vasca”.
Apoyos
La clase política vasca y catalana e intelectuales de diverso rango también han secundado las denuncias. En 2005, el Gobierno vasco solicitó el sobreseimiento de la causa y volvió a hacerlo al cumplirse cinco años del cierre este 2008. En su defensa, la portavoz de la Administración autonómica, Miren Azcárate, ha señalado que “la propia filosofía política, los países democráticos requieren pruebas contundentes para actuar contra la prensa, que simboliza la libertad en sí misma”. Ese mismo año, 70 diputados pidieron al gobierno el sobreseimiento del caso Egunkaria. En un comunicado difundido a tal efecto, indicaban que la clausura de un medio de comunicación hace tambalearse uno de los pilares fundamentales de la democracia: las libertades de expresión y de información.
El ex presidente del Gobierno vasco Carlos Garaikoetxea, declaró, al cumplirse el quinto aniversario del cierre que una medida así era “algo muy grave”. Aun suponiendo, a efectos meramente dialécticos, que los afanes de ETA hubieran podido tener “algún eco personal concreto en el entorno de Egunkaria (¡qué medio de comunicación no es pieza codiciada para cualquier grupo político o social…!), desdeñar la grave conculcación de la libertad de expresión, opinión y comunicación que implica el cierre de un periódico constituye un escándalo impropio de una democracia”, criticó.
Torturas y denuncias
A la espera de juicio, los imputados permanecen en libertad bajo fianza. Iñaki Uria (consejero delegado), 60.000 euros. Martxelo Otamendi (director), 30.000 euros. Xabier Oleada (redactor jefe), Joxemari Sors y Mikel Sorozabal, 30.000. Pello Zubiria (ex redactor jefe), Txema Auzmendi (miembro del consejo de Administración) y Joan Mari Torrealdai, 12.000 euros. Sólo Xavier Alegría, dirigente de Batasuna -que ni trabajó ni tuvo cargos en la empresa, según Otamendi-está en la cárcel.
Cinco de los imputados denunciaron haber sufrido torturas durante su detención en 2005. Sólo fue tomada en consideración la de Iñaki Uria, consejero delegado de Egunkaria. El resto fueron desestimadas. Entre ellas, las de Martxelo Otamendi, quien denunció haber estado incomunicado durante cinco días, tres de ellos de pie sin dormir. Fue obligado a realizar inacabables ejercicios físicos vestido y desnudo, fue objeto de vejaciones homofóbicas relativas a su vida privada, Le colocaron un hierro tocando la sien izquierda que hizo “clic”. Le obligaron a tocar con la mano derecha una pistola, y le sometieron a la “práctica de la bolsa” hasta en dos ocasiones. La denuncia de torturas de Otamendi provocó que Teo Van Boven, relator especial de Naciones Unidas para la tortura, escribiera en el año 2004 un informe sobre la tortura en España.
La investigación policial concluyó en 2004 que Egunkaria formaba parte del entramado empresarial de ETA. También fueron incautados, a principios de los años 90, documentos a etarras detenidos en los que se hacía referencia a las preferencias de la banda por uno u otro candidato a director del diario, señalando que ninguno de ellos comulga con los postulados de la banda. El juez Juan Del Olmo obligó a los gestores de la empresa editora de Egunkaria a liquidar la empresa. El resultado económico de la liquidación fue un saldo favorable a la empresa editora de Egunkaria de 600.000 euros, que, según informa Martxelo Otamendi, hoy en día están “bloqueados” en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Carballo continúa sosteniendo que los indicios alegados para decretar el cierre no acreditan conexión con ETA.
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